Reforma 2025 a la Ley Antilavado en México: Perspectiva de Traadis sobre su Impacto para las Empresas
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde julio de 2025, implica el ajuste normativo más significativo en materia antilavado en México durante esta última década. Este cambio legal no sólo introduce nuevas obligaciones, sino que exige a las empresas una profunda transformación en su modelo de cumplimiento y gestión de riesgos, con implicaciones estratégicas imprescindibles para operar en el entorno actual.
Cambios Clave y Nuevos Alcances
Expansión de Sujetos Obligados y Actividades Vulnerables
La reforma amplía considerablemente el grupo de entidades y operaciones sujetas a supervisión. Sectores como fideicomisos, activos virtuales, servicios digitales, desarrollos inmobiliarios y operaciones entre compañías están ahora bajo un mayor escrutinio. Para las empresas, esto significa una ampliación de controles internos, la necesidad de auditar con mayor rigurosidad y adaptar sus sistemas de monitoreo y reporte a estos nuevos niveles de exigencia.
Redefinición del Beneficiario Controlador
Una modificación crucial es la reducción del umbral para identificar al beneficiario controlador, pasando del 50% al 25%. Este ajuste obliga a las organizaciones a una revisión exhaustiva y transparente de sus estructuras societarias, impactando no solo en la operatividad sino también en la gobernanza corporativa, dado el aumento en responsabilidades legales y fiscales para los órganos directivos.
Obligaciones de Reporte Más Exigentes
Se exige el envío de avisos ante cualquier operación sospechosa en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo aquellas operaciones no concretadas, así como la presentación periódica de informes “en ceros”. Esto representa una demanda importante para consolidar procedimientos internos eficientes y el empleo de tecnologías que permitan cumplir con estos reportes en tiempo real, minimizando riesgos de incumplimiento y sanciones.
Cultura Organizacional y Enfoque Basado en Riesgo
El cumplimiento normativo debe incorporarse como un eje transversal en la cultura corporativa, adoptando un enfoque preventivo a través de políticas adaptadas a los riesgos específicos de cada empresa y sector. La implementación de manuales internos actualizados, capacitación continua del personal y auditorías periódicas se convierten en pilares para fortalecer la estructura de compliance y mitigar riesgos.
Mayor Rigurosidad Documental y Responsabilidad Penal
La obligación de mantener la documentación por diez años eleva la exigencia en controles documentales y trazabilidad. Paralelamente, se endurecen las sanciones penales, extendiendo responsabilidades directas a los representantes legales y altos directivos, quienes ahora deben velar porque sus empresas no solo cumplan formalmente sino que adopten medidas efectivas de prevención.
Impacto Estratégico para las Empresas: Una visión de nuestros aliados RMRAbogados
Desde nuestra perspectiva, la reforma debe verse como un cambio de paradigma que va más allá del cumplimiento legal. El entorno de presión nacional e internacional obliga a las compañías a integrar el cumplimiento antilavado como un componente esencial de su estrategia de negocio. Incorporar tecnología avanzada, transparentar los procesos y anticipar revisiones regulatorias son ahora factores decisivos para mantener la confianza de inversionistas, socios y autoridades.
Las empresas que internalicen esta visión y adapten sus procesos estarán mejor posicionadas para evitar sanciones severas, proteger su reputación y asegurar su continuidad operativa en un mercado cada vez más competitivo y regulado. Por otra parte, la falta de alineación con estos nuevos estándares no solo implica multas, sino riesgos reputacionales que pueden afectar directamente la viabilidad de sus operaciones.
Recomendaciones para una Adaptación Exitosa
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Replantear la estructura de compliance alineándola a las nuevas actividades y parámetros normativos.
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Potenciar los controles en identificación y registro del beneficiario controlador.
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Incorporar soluciones tecnológicas para monitoreo y reporte efectivo y oportuno.
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Desarrollar programas de capacitación anual dirigidos a directivos y personal clave.
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Digitalizar y auditar procesos documentales para garantizar su integridad y accesibilidad.
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Aprovechar los mecanismos de regularización voluntaria para mitigar impactos ante futuras auditorías.
La reforma 2025 a la Ley Antilavado representa para las empresas mexicanas una oportunidad para evolucionar hacia modelos de gestión más sólidos, transparentes y alineados con las mejores prácticas internacionales. Desde Traadis invitamos a las organizaciones a adoptar esta nueva realidad con visión estratégica, fortaleciendo su integridad corporativa y preparándose no solo para cumplir la ley, sino para liderar con confianza y responsabilidad en el México de hoy y mañana.
