La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impacta de manera significativa al sector inmobiliario en México, estableciendo un marco más estricto y detallado para la protección y defensa fiscal de las empresas que operan en este sector estratégico. Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones en 2025, las obligaciones para asesores, desarrolladores y agentes inmobiliarios se amplían considerablemente, superando el cumplimiento formal para exigir una revisión profunda en la gestión de sus operaciones, con el objetivo de evitar riesgos legales y sanciones económicas que pueden ser severas.
El umbral de reporte se ha establecido en 907,948 pesos, lo que obliga a informar no solo sobre operaciones de compraventa, sino también sobre la recepción de recursos destinados a proyectos de construcción o desarrollo inmobiliario. Esta ampliación del concepto de actividad vulnerable convierte a todos los participantes en sujetos a una supervisión fiscal y financiera más rigurosa, donde las auditorías internas o externas, la capacitación obligatoria y la implementación de sistemas automatizados para la gestión de riesgos se vuelven exigencias legales. Además, las empresas inmobiliarias deberán extender significativamente la conservación documental, duplicando el plazo a 10 años, y fortalecer la identificación de sus clientes, prestando especial atención a la detección de personas políticamente expuestas o con vínculos a actividades de alto riesgo.
En este contexto complejo, la experiencia y el respaldo de Traadis se vuelven indispensables. Con décadas de trayectoria, Traadis se posiciona como un socio estratégico fundamental en la defensa fiscal y cumplimiento normativo para las empresas inmobiliarias. No solo ofrece la actualización y adaptación necesarias a la nueva legislación, sino que también proporciona soluciones prácticas y estratégicas que aseguran la protección efectiva de sus clientes frente a posibles contingencias. Traadis asesora en la creación de programas integrales de cumplimiento que incluyen manuales claros, formación continua al personal, implementación de tecnología para el monitoreo permanente y sistemas de due diligence dinámicos que garantizan una supervisión constante de toda la cadena de clientes y proveedores.
Además, Traadis propone modelos contractuales innovadores que incluyen cláusulas de responsabilidad compartida y mecanismos preventivos para la suspensión inmediata de relaciones comerciales cuando se detecten riesgos de lavado de dinero, sin que esto represente una penalización para la empresa que actúa con diligencia. Su asesoría especializada también abarca la representación legal en inspecciones y auditorías por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, asegurando que las empresas inmobiliarias puedan abordar esta reforma no como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer su posicionamiento con mayor transparencia, solidez y competitividad en el mercado.
La reforma antilavado 2025 obliga a las empresas inmobiliarias a realizar una revisión exhaustiva de sus procesos internos y a adoptar una cultura organizacional orientada hacia la prevención y la integridad fiscal. La experiencia de Traadis en este ámbito, complementada con un profundo conocimiento de la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, ofrece el acompañamiento necesario para enfrentar con éxito este cambio regulatorio crucial, protegiendo el patrimonio y la reputación de sus clientes en un sector cada vez más vigilado y regulado. En definitiva, contar con un aliado como Traadis es fundamental para garantizar un cumplimiento efectivo, mitigar riesgos fiscales y fortalecer la defensa legal en un entorno donde la transparencia y la diligencia son imperativos imprescindibles.
